Las comunidades educativas de varios departamentos de la provincia y, al interior de cada uno de ellos, localidades y pueblos con sus comunidades escolares, se ven hoy seriamente afectadas por el corte del servicio de transporte escolar que hace posible el acceso al derecho social a la educación de centenares y miles de familias entrerrianas.

Garantizar el servicio de transporte escolar es una responsabilidad indelegable del gobierno. Una de sus obligaciones principalísimas -establecidas en la Ley Provincial de Educación- es garantizar el derecho social a la educación, generando los mecanismos que como Estado tiene a su alcance y ubicando a la escuela como factor elemental de igualdad e inclusión, sin la cual el discurso sobre la calidad de la educación se desdibuja en la realidad.

Desde AGMER Central expresamos nuestra profunda preocupación y exigimos una solución urgente por parte de las autoridades, con el fin de garantizar la continuidad del ciclo lectivo a todos los alumnos y alumnas, evitando afectar sus trayectorias escolares, el acceso a comedores, así como el trabajo de las y los docentes.

Que el transporte escolar no funcione desarticula las comunidades, la organización familiar y somete a una situación de exclusión a miles de gurises entrerrianos.

La educación no puede ser objeto de crueldad, variante del ajuste, ni un renglón en el Excel de la política oficial

Comisión Directiva Central | AGMER